Tranquilidad jurídica en cada decisión

El Registro Único de Proponentes (RUP) es el registro que llevan las cámaras de comercio y en el que deben inscribirse, por regla general, las personas naturales y jurídicas que aspiren a celebrar contratos con entidades estatales. En él se verifican y certifican la experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente.

La ley contempla excepciones en las que no se exige, como la contratación de mínima cuantía, la prestación de servicios profesionales y la contratación directa. Acompañamos la inscripción, la renovación y la actualización del registro, así como la corrección de la información que suele generar rechazos.

Durante el traslado del informe de evaluación puede presentar observaciones para que la entidad revise la calificación o la causal de rechazo. Si el proceso ya fue adjudicado, existen medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar el acto de adjudicación.

Los términos son cortos y preclusivos, de modo que la posibilidad de actuar depende de que la revisión se haga con rapidez: conviene consultar apenas se conozca el informe, no después de la adjudicación.

Lo más eficaz es hacerlo en la etapa de planeación, antes de estructurar o presentar la oferta. La mayoría de las sanciones, los rechazos y los litigios que atendemos tienen origen en decisiones tomadas al inicio del proceso, cuando aún podían corregirse sin costo. Por eso acompañamos las seis etapas del ciclo contractual: planeación, selección, ejecución, supervisión, liquidación y defensa jurídica.

Sí. Tenemos nuestra sede en Armenia, Quindío, y prestamos servicios en todo el territorio colombiano. Buena parte de la contratación estatal se adelanta hoy a través del SECOP y de las plataformas electrónicas del Estado, lo que nos permite acompañar procesos en cualquier departamento. Las reuniones pueden ser presenciales en Armenia o virtuales.

Es la actuación que adelantan las contralorías para determinar si la gestión de recursos públicos causó un daño patrimonial al Estado y quién debe resarcirlo. Puede dirigirse contra servidores públicos y también contra contratistas particulares que administraron esos recursos.

Un fallo con responsabilidad fiscal implica la obligación de pagar el daño y la inclusión en el boletín de responsables fiscales, lo que genera inhabilidad para contratar con el Estado. Asumimos la defensa desde la indagación preliminar.

Sí. Acompañamos la constitución y la puesta en marcha: elección del tipo societario, redacción de estatutos, registro ante la cámara de comercio, obtención del NIT y del registro mercantil, estructura de gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Cuando el objetivo es participar en compras públicas, estructuramos la empresa desde el comienzo pensando en los requisitos habilitantes que luego exigirán los pliegos.